T-MEC: El tiempo lo controla Washington
Estados Unidos rechazó extender el tratado por 16 años más y dejó a México y Canadá esperando el ritmo de sus revisiones anuales. Tres rondas de negociación después, todavía no hay acuerdos firmados.
Por Staff Latitudex
El T-MEC entró en su momento más delicado desde que sustituyó al TLCAN el 1 de julio de 2020. El pasado 1 de julio, la Comisión de Libre Comercio del tratado se reunió de forma virtual para realizar la primera revisión conjunta obligatoria prevista por el propio acuerdo. El representante comercial de Estados Unidos confirmó que Washington no apoyaría una extensión automática por 16 años más, pese a que México y Canadá sí respaldaban esa postura y llegaron con una carta conjunta solicitándola. El resultado no fue la salida de Estados Unidos del tratado, sino la activación de su mecanismo alterno: el T-MEC permanece vigente hasta 2036, pero bajo revisiones anuales en lugar de una extensión de largo plazo. Conviene subrayarlo porque, en las semanas posteriores, buena parte de la cobertura en redes simplificó la noticia como si el tratado estuviera por desaparecer, cuando lo que en realidad se activó fue su propio mecanismo de continuidad.
La cláusula que lo hace posible es el Artículo 34.7: el T-MEC termina 16 años después de su entrada en vigor, salvo que los tres países confirmen por escrito su voluntad de extenderlo. Si uno de ellos no lo confirma, la Comisión debe reunirse cada año para revisarlo, aunque los tres gobiernos conservan la posibilidad de extenderlo en cualquier momento antes de que se cumpla el plazo. Existe además una salida más drástica prevista en el Artículo 34.6: cualquier país puede retirarse mediante aviso por escrito, con efecto seis meses después. Ninguna de las tres partes ha activado esa cláusula, y nada indica que vaya a hacerlo.
¿Dónde quedaron las negociaciones?
El proceso bilateral entre México y Estados Unidos no arrancó el 1 de julio: venía avanzando desde antes por la vía de rondas de negociación independientes de la revisión conjunta. La primera se realizó en mayo en Ciudad de México y la segunda tuvo lugar del 15 al 17 de junio en Washington, donde ambos equipos avanzaron en reglas de origen para bienes industriales y seguridad económica, además de abrir discusiones conceptuales sobre agricultura, trabajo, medio ambiente, y el comercio de acero, aluminio y automóviles. Días después de la revisión conjunta del 1 de julio, la Secretaría de Economía informó al Congreso mexicano que los temas pendientes con Estados Unidos se habían reducido de 54 a 14.
La tercera ronda, ya prevista bajo el nuevo esquema de revisión anual, se llevó a cabo del 21 al 23 de julio en Ciudad de México —esta vez solo entre México y Estados Unidos, sin Canadá— y cerró sin acuerdos concretos, aunque ambas delegaciones la calificaron de «constructiva». Hubo avances puntuales en acero, aluminio, sus derivados, cadenas de valor y la sustitución de importaciones provenientes de Asia, con los equipos negociadores de ambos gobiernos al frente de sus respectivas delegaciones. México, por su parte, llevó a la mesa trece preocupaciones propias, entre ellas los aumentos arancelarios bajo la Sección 232 y la Sección 122, restricciones sectoriales y el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida. Ambos gobiernos acordaron una cuarta ronda para la primera quincena de septiembre.
La conversación se complicó además por el contexto: días antes de la ronda, Washington anunció un arancel de 50% a productos canadienses y gravámenes de entre 10% y 12.5% a 60 países, recordatorio de que la política arancelaria de la administración estadounidense avanza en paralelo a la mesa de negociación y puede endurecerse sin previo aviso. A eso se sumó una declaración del representante comercial de Estados Unidos ante el Capitolio, donde advirtió que la renovación del T-MEC será difícil si Washington considera que México no coopera en toda la relación bilateral, incluyendo seguridad fronteriza y agua; el gobierno mexicano respondió el mismo día negando que esos asuntos formen parte de la revisión formal del tratado. Ese desacuerdo sobre qué debe o no entrar en la mesa —comercio puro, o comercio más seguridad y agua— es hoy uno de los puntos más delicados de cara a septiembre.
Lo que sí es un hecho es que Estados Unidos ya impuso aranceles de 25% a autos y autopartes provenientes de México y Canadá, y de 50% a las importaciones de acero y aluminio de ambos países, medidas que en la práctica erosionan el trato libre de aranceles que en teoría garantiza el acuerdo. A esto se suman disputas que venían arrastrándose desde antes de esta revisión: las consultas iniciadas en 2022 sobre la política energética mexicana siguen sobre la mesa, y el diferendo por el maíz genéticamente modificado sigue siendo referencia de lo que puede repetirse si no se afinan los criterios sanitarios entre los tres países.
Lo que se dijo en la ronda
Detrás de los comunicados oficiales, la ronda del 21 al 23 de julio dejó también algunas frases que retratan el tono de cada delegación. Del lado mexicano, la Secretaría de Economía insistió en que el objetivo de fondo es reducir la incertidumbre para ambos países, no imponer condiciones unilaterales; según sus propias palabras, los resultados de esta etapa «van a ser muy importantes para reducir la incertidumbre» que ninguna de las dos economías busca. Al cierre de la ronda, ante el anuncio de un nuevo arancel del 10% por trabajo forzoso, la dependencia aclaró que la gran mayoría de las exportaciones mexicanas no se ven afectadas, porque «más del 80% cumple con el T-MEC» y ese trato no cambia.
Del lado estadounidense, el tono público osciló entre la cordialidad y la advertencia. Semanas antes de la ronda, el representante comercial de Estados Unidos había descrito la relación con su contraparte mexicana en términos favorables —»son bastante pragmáticos», dijo en un foro en Colorado— y ya durante la semana de negociaciones, ante el Senado, se mostró optimista sobre los tiempos: «confío en que antes de que termine el año podamos tener opciones» para que los tres líderes evalúen. Sobre el ritmo mismo de las conversaciones fue igual de directo: «estamos avanzando con la debida celeridad», declaró ante el mismo comité. Pero el mismo funcionario fue quien introdujo la nota de tensión más citada de la semana, al advertir que la renovación del tratado será más difícil si Washington considera que México no coopera en toda la relación bilateral, más allá de lo estrictamente comercial —una idea que el gobierno mexicano rechazó de inmediato como parte de la mesa de negociación formal.
Ese contraste —cordialidad técnica en la mesa, condiciones políticas fuera de ella— resume bastante bien el estado actual de la relación: ambos gobiernos insisten en que las conversaciones avanzan, pero ninguno ha logrado todavía traducir ese avance en un documento firmado.
¿Por qué importa?
El T-MEC es el marco institucional que ordena la integración productiva de América del Norte, una región que en 2025 movió más de 3 billones de dólares en comercio trilateral, cerca del 16% del total mundial. El punto verdaderamente crítico de esta revisión no es procedimental, es político: Washington busca reglas de origen más estrictas, mayor contenido estadounidense en la industria automotriz y controles más duros para evitar que productos de origen chino se beneficien del tratado mediante triangulación. Detrás de esa exigencia hay una preocupación concreta que el propio gobierno mexicano reconoció ante el Congreso: la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos, la dependencia de cadenas de suministro provenientes de terceros países y el déficit comercial que Washington mantiene con sus dos socios. La postura mexicana, en cambio, sostiene que esos desafíos se resuelven fortaleciendo la producción regional y reduciendo la dependencia de insumos asiáticos, no imponiendo condiciones adicionales. Para México, el dilema es concreto: preservar el acceso preferencial a su principal comprador frente a la posibilidad de aceptar condiciones que reconfiguren buena parte de su operación industrial, desde la manufactura automotriz hasta la proveeduría electrónica.
¿Qué podría pasar de aquí a fin de año?
Con la cuarta ronda ya agendada para la primera quincena de septiembre, hay al menos tres escenarios que vale la pena vigilar para lo que resta de 2026.
El primero, el más favorable para México, es que septiembre traiga por fin acuerdos concretos en los temas donde ya hubo avance técnico —acero, aluminio y cadenas de valor— y que eso destrabe gradualmente el resto de los trece puntos que México puso sobre la mesa. La Secretaría de Economía ha mantenido un tono de cautela optimista, hablando de «aproximar posiciones» más que de cerrar el proceso, lo que sugiere que el gobierno mexicano no espera una resolución total en una sola ronda, sino avances incrementales ronda tras ronda.
El segundo es un escenario de estancamiento, ya no hipotético sino confirmado por lo ocurrido en julio: tres rondas bilaterales y ninguna ha cerrado con un acuerdo firmado. Si septiembre repite el patrón de «avances sin acuerdos», la revisión anual corre el riesgo de convertirse en un ejercicio permanente de gestión de expectativas, donde la incertidumbre —no un arancel puntual— sigue siendo el verdadero costo para la inversión en manufactura y energía.
El tercero es el que más cambió en las últimas semanas: la disputa sobre si seguridad fronteriza y agua deben o no formar parte de la negociación comercial. Que Washington lo plantee como condición y el gobierno mexicano lo niegue como parte del proceso formal no es un desacuerdo menor —es la señal de que Estados Unidos podría intentar ampliar el alcance de la revisión más allá de lo estrictamente comercial, algo que México ha rechazado hasta ahora. Cómo se resuelva esa tensión en septiembre dirá mucho sobre si el T-MEC seguirá siendo, en la práctica, un tratado exclusivamente comercial.
Para el sector exportador mexicano, la recomendación de firmas como PwC ha sido consistente desde julio: revisar la exposición de sus cadenas de suministro a cambios en reglas de origen, evaluar el contenido regional de sus productos y mantener vigilancia cercana sobre cada ronda, en lugar de esperar a que se resuelva el proceso completo. En paralelo, México ya mueve otras piezas de su tablero comercial: el Parlamento Europeo aprobó la modernización del acuerdo con la Unión Europea, una vía de diversificación para el sector agropecuario, automotriz y de autopartes justo cuando la relación con Washington se vuelve menos predecible. Ninguna de estas piezas sustituye al mercado estadounidense —que concentra alrededor del 80% del comercio exterior mexicano—, pero sí da un margen de maniobra que no existía en los primeros años del tratado.
La certeza jurídica que caracterizó a la región durante sus primeros seis años de vigencia dio paso a un nuevo ciclo, donde el cumplimiento normativo, la trazabilidad de origen y la capacidad de anticipar escenarios —no solo reaccionar a ellos— se convirtieron en la ventaja competitiva real para quienes exportan desde México. La revisión del T-MEC ya no es una noticia de un solo día: es un proceso que se irá resolviendo, ronda tras ronda, durante el resto de la década.